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  • NOVEDADES ARBITRALES | 1 de Junio de 2015

     

    Sentencia 4/2015 de 13 de enero de 2015, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

     

    Se estima la demanda de designación de árbitro con base en un convenio arbitral que establecía la posibilidad de que se resolviera la controversia por un tribunal arbitral compuestos por dos árbitros y se designaba como entidad nominadora a la CCI. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid entiende que, pese a la nulidad radical de parte del convenio, existe una clara voluntad de someterse a arbitraje, por lo que esa nulidad no invalida todo el convenio.

    El TSJ resuelve que, pese a que la designación de un número de par de árbitros resulta radicalmente nula en sí misma, ésta no vicia la voluntad de las partes de someterse a arbitraje.

    Por tanto, salvando esa voluntad de someterse a arbitraje, se ha de actuar como si la parte de la cláusula relativa al número de árbitros no existiese y al no haberse dispuesto el número de árbitros, en aplicación del artículo 12 de la Ley de Arbitraje, debe nombrarse un árbitro único, tal y como pedía la demandante.

    A juicio del TSJ, a lo anterior no cabe objetar la aplicación del principio de kompetenz kompetenz dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley de Arbitraje puesto que “existe una regla de aplicación supletoria que justifica la formalización judicial [que ratifica la exposición de motivos de la Ley de Arbitraje que aclara] que las facultades que se atribuyen a los árbitros para decidir sobre su propia competencia o sobre cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo (no comprenden) las relativas a las personas de los árbitros, que tienen su tratamiento propio”.

    Por tanto, el TSJ pide al Secretario General de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) –designado como autoridad nominadora en el convenio arbitral- que, previa audiencia a las partes, remita al Alto Tribunal una terna de árbitros para su posterior nombramiento entre ellos por sorteo en presencia de las partes, de conformidad con el artículo 15.5 de la Ley de Arbitraje.

     

    Sentencia disponible en:

    http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7286975&links=arbitraje&optimize=20150212&publicinterface=true

     

  • Se incorpora Leopoldo González-Echenique a la Comisión de Designación de Árbitros de la Corte | 1 de Junio de 2015

    El 9 de abril de 2015, continuando con la política de diversificación de los miembros de la Comisión de Designación que ya había sido iniciada con la incorporación de José María Areilza en septiembre de 2014, se incorporó Leopoldo González-Echenique. Leopoldo es Abogado del Estado, ha ocupado cargos relevantes en la CNMV y RTVE —actuando como presidente hasta septiembre de 2014— y cuenta también con una amplia experiencia en el sector privado.

    Por su parte, José María Areilza es Profesor Ordinario en la Facultad de Derecho de ESADE y titular de la Cátedra Jean Monnet-ESADE.
    Con la participación de ambos, se pretende enriquecer el conocimiento del mercado por parte de la Comisión de Designación de Árbitros con el fin de que se nombre siempre al árbitro idóneo para resolver cada controversia concreta, con máxima transparencia, independencia e imparcialidad.

     

  • Tribuna abierta | 1 de Junio de 2015

     

    Una parada en el camino - Juan Fernández-Armesto
    Quizá no sea malo este momento, cuando se cumple un cuarto de siglo de arbitraje en España, para hacer un alto en el camino, mirar de dónde venimos y otear (en la medida en que se deje) el futuro.
    Hoy nos parece imposible, pero la realidad es que hace 25 años no existía arbitraje en España. Los prejuicios históricos habían sido virulentos. Nada menos que D. Federico de Castro había encabezado una cruzada anti-arbitraje, con la advertencia de que generaría una “fuga de derecho” en beneficio de las multinacionales y en perjuicio de los más débiles. Quizá fuera por ese lastre histórico, pero lo cierto es que cuando en diciembre de 1988 por fin se promulgó una nueva Ley de Arbitraje, la norma aun rezumaba prejuicios y arcaísmos y sólo abrió un pequeño portillo. Pero sí permitió – y eso fue un significativo paso adelante – que se crearan las primeras instituciones encargadas de administrar arbitrajes.
    La lenta aceptación del arbitraje no ocurrió sin sobresaltos: hace 20 años el TS aun dictó varias sentencias extravagantes, poniendo en duda el valor de las cláusulas de sumisión, o anulando laudos CCI por no haber sido protocolizados notarialmente.
    Tuvieron que pasar otros 10 años hasta que España finalmente se dotó de una ley de arbitraje moderna – la de 2003 – ajustada a la Ley Modelo de UNCITRAL, que creó un régimen monista para arbitraje interno e internacional (de facto, internacionalizó el arbitraje interno). Y no hace más que 10 años que los “arbitrajistas” nos organizamos en una gran asociación – el Club Español del Arbitraje – que actúa como órgano que representa y vertebra toda la comunidad.
    A medida que España se democratizaba y se incrementaba el respeto a las libertades individuales (¡arbitraje es libertad!), y a medida que la economía española se abría al comercio internacional y pasaba de ser una economía receptora de inversión a una exportadora de capitales, la actitud frente al arbitraje, sobre todo el internacional, comenzó a cambiar: de la legislación restrictiva se pasó a una legislación moderna y ajustada a las prácticas internacionales, y el histórico rechazo, la tradicional desconfianza de los tribunales de justicia, se transformó en apoyo y comprensión. Se cerró así el círculo virtuoso: el legislador promulgaba la normativa apropiada, y los tribunales la aplicaban siguiendo las prácticas internacionales.
    Parecería pues que el camino para el desarrollo del arbitraje en España estaba abonado, y que el siglo XXI debería haber sido el del despegue definitivo de la institución. ¿Ha ocurrido así? En términos generales, creo que la contestación debe ser un “sí”. Pero hay claroscuros.
    El desarrollo más armónico y sostenido ha sido el del arbitraje internacional. La clave del éxito está en que los empresarios españoles lo han asumido con convicción – hoy la cláusula de sumisión es de rigor en los contratos internacionales. Además España ha tejido una tupida red de APRI’s con diferentes países, que los empresarios españoles utilizan con asiduidad cuando creen que sus inversiones han sido maltratadas (y los extranjeros están a la recíproca, cuando entienden que el trato recibido en España tampoco es el adecuado). Los despachos jurídicos asentados en España han percibido esta realidad, y son muchos los grandes, medianos e inclusos pequeños bufetes que han adquirido experiencia arbitral internacional. Y las instituciones administradoras españolas gestionan un número creciente de procesos internacionales – algunos en los que ninguna de las partes es española. En paralelo, los árbitros españoles también han ido ganando aceptación. Y hoy es común localizar la sede de arbitrajes internacionales en España – lo que hace 15 años aún era impensable.
    El arbitraje interno, entre partes españolas, también está consolidado. Pero no parece que la aceptación sea tan generalizada. En un cálculo de buen cubero, entre todas las instituciones españolas, cada año no se administrarán más de 300/400 arbitrajes. El número a todas luces es bajo. Y en amplias capas del empresariado español aún parecen persistir desconocimiento en unos casos, y desconfianza en otros. A pesar de sus deficiencias y retrasos, muchos usuarios siguen decantándose por la jurisdicción para resolver sus disputas.
    ¿Qué hacer para generalizar aún más el arbitraje? Una primera propuesta sería la de redoblar los esfuerzos didácticos. Es indudable que una mayoría de pequeñas y medianas empresas, y me atrevería a añadir que una mayoría de abogados, aun lo desconoce. Y todo lo desconocido genera temor y rechazo.
    Pero también tenemos que mirar con espíritu crítico y de enmienda a nuestras propias prácticas.
    Existen demasiadas instituciones arbitrales, poco institucionalizadas y con limitada experiencia y que por lo tanto generan poca confianza. Además cada una tiene su propio reglamento, que presentan significativas diferencias entre sí y dificulta la labor de los abogados. En su día el Club Español del Arbitraje redactó un reglamento unificado, para que fuera adoptado por todas las instituciones españolas. Solo una institución (¡la CAM!) ha seguido el llamado del Club.
    Y me niego a dejar de soñar: el arbitraje en España tendría otra dimensión, si existiera una gran institución arbitral de ámbito nacional – como LCIA en Inglaterra, DIS en Alemania o la Cámara de Estocolmo en Suecia. Suiza, un país tan federal o más que España, ha logrado unificar todas sus instituciones. No pierdo la esperanza de que España sea capaz de seguir el mismo camino (aunque en este país tan desgarrado soy consciente de las dificultades políticas).
    También existen – no podemos negarlo – algunos usuarios que han probado el arbitraje interno, y no han quedado satisfechos. Arbitraje es servicio – y el objetivo último tiene que ser que el cliente que paga (¡y en especial la parte que pierde!) quede satisfecho. Si así no ocurre, habrá que analizar causas y adoptar remedios.
    Yo veo tres áreas de posibles mejoras.
    En primer lugar, creo que hay que reforzar la independencia e imparcialidad de los árbitros. En esta materia se ha avanzado mucho. Pero aún persisten dudas sobre su deber de revelación. Las prácticas varían enormemente. Un formulario estándar, preparado por las instituciones administradoras, con una serie de preguntas pre-establecidas, que los árbitros debieran contestar, ayudaría a clarificar el alcance del deber. Existe otra área de preocupación: el rol de los co-árbitros designados por las partes. Algunos aún perciben su función más como la de un supra-abogado, y menos como la de un decisor imparcial. La solución a este mal es fácil (y las partes la pueden adoptar al redactar su cláusula arbitral): que sea la institución quien designe a los tres miembros del tribunal, usando una lista a la que ambas partes puedan aportar nombres y sobre los que ejerzan derechos de veto y de preferencia.
    En segundo lugar, las instituciones tienen un claro déficit de transparencia. Y donde hay oscuridad, surgen los recelos. En realidad, no hay nada que ocultar, así que la mejor política es la de abrir las ventanas de par en par, para que todos los usuarios puedan comprobar con qué limpieza se hacen las cosas. Empecemos con un listado público en cada institución, en el que consten los arbitrajes iniciados, quizá sin el nombre de las partes, pero al menos con el nombre de los árbitros y de los abogados, y terminemos con un régimen en el que los laudos, por regla general y salvo casos justificados, sean públicos, suprimiendo los nombres de las partes, pero manteniendo siempre el de los árbitros.
    En tercer lugar, también hay margen para mejorar la formación de los árbitros. Nadie nace sabiendo cómo se dirige un proceso arbitral y cómo se redacta un laudo. Las instituciones están empezando a dedicar esfuerzos a esta tarea. Y en paralelo la función de árbitro se está profesionalizando. Hace 10 años no existían árbitros profesionales en España. Poco a poco ha ido surgiendo la especialización. Creo que redunda en un incremento de la calidad.
    Más imparcialidad, más transparencia y más profesionalidad parecen una trilogía imbatible para dar ese empuje adicional al arbitraje en España.

     

  • El nuevo Reglamento de la Corte | 1 de Junio de 2015

    El pasado día 1 de marzo de 2015 entró en vigor el nuevo Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, aplicable a las solicitudes de arbitraje que se presenten a partir de esa fecha.

    Transcurridos 6 años desde la aprobación de la antigua normativa, la Corte de Arbitraje de Madrid ha considerado adecuado modificar su Reglamento con el fin, por un lado, de adaptarlo a las reformas introducidas por la Ley 11/2011 en la Ley Española de Arbitraje, y, por otro, con el propósito de introducir pequeñas mejoras o precisiones técnicas derivadas de la experiencia y práctica de la Corte, para ajustarlo a las necesidades de las partes y dotarlo de mayor agilidad y dinamismo.
    No se propone, pues, una reforma sustancial del Reglamento, pero si su actualización.
    El cambio más novedoso es, sin lugar a dudas, la previsión de un régimen de Árbitro de Emergencia (artículo 37 y Anexo II), en línea con la tendencia internacional más generalizada en la actualidad.
    La función principal del Árbitro de Emergencia es la de adoptar medidas cautelares o de anticipación o aseguramiento de prueba urgentes con anterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral. En línea con los principios de celeridad que gobiernan los arbitrajes administrados por la Corte, se prevé el nombramiento del Árbitro de Emergencia en el plazo de 48 horas desde que se recibe la Solicitud de Medidas Urgentes, y que el Árbitro de Emergencia resuelva la medida en un plazo de 7 días desde la fecha de remisión del expediente al Árbitro de Emergencia. Esto convierte al sistema de Árbitro de Emergencia de la Corte de Arbitraje de Madrid en uno de los más rápidos del mundo. Con el fin de agilizar aún más el procedimiento, contamos con un correo electrónico específico (arbitrodeemergencia@camaramadrid.es) al que puede dirigirse tanto la solicitud de Árbitro de Emergencia como cualquier duda relacionada con éste.
    En segundo lugar cabe destacar la introducción de una regulación específica en relación con el arbitraje estatutario (artículo 52), previendo ciertas especialidades respecto del procedimiento ordinario, que afectan particularmente a la designación de árbitros (a designar directamente por la Corte a salvo previsión de las partes en contrario); la intervención de terceros interesados en el arbitraje; y la acumulación de procedimientos arbitrales.
    El resto de las modificaciones son primordialmente matizaciones al régimen existente, mejorando o clarificando su redacción, destacándose la modificación de la regulación de prueba adicional después de los escritos de alegaciones principales (artículo 29), que ha sido redactada con carácter más restrictivo.
    También se flexibiliza en la elección de idioma y lugar del arbitraje, que en defecto de acuerdo de las partes será decidido por la Corte (artículos 17 y 18).
    A propósito del nombramiento de árbitros ser clarifica que la recusación no suspenderá el curso de las actuaciones, a no ser que los árbitros o la Corte lo consideren oportuno (artículo 15). Asimismo ypara el caso de pluralidad de partes (artículo 14) se introduce el nombramiento directo por la Corte de todos los árbitros no solo ante la falta propuesta conjunta de cualquiera de las partes, sino también cuando se aprecie conflicto de interés entre los miembros de una parte o no sea posible identificar a demandantes y demandados.
     En lo que atañe al laudo, se prevé además de la prórroga de oficio del plazo para dictar laudo de los árbitros, una prórroga extraordinaria a adoptar por la Corte en caso de que concurran circunstancias excepcionales (artículo 39).
    Finalmente se regula expresamente, en cuanto a la imposición de costas, que los árbitros pueden tener en cuenta el comportamiento de las partes durante el procedimiento conforme al artículo 20.5, esto es, la buena fe, la eficiencia y las dilaciones en las que se ha incurrido (artículo 40).
    La Corte de Arbitraje de Madrid quiere agradecer a todos los árbitros y abogados que han participado activamente en el proceso de consulta pública que se llevó a cabo previa a la aprobación del nuevo Reglamento sus valiosas aportaciones, que han sido cuidadosamente consideradas.
    Confiamos en que la nueva versión del Reglamento sea del agrado de todos y ayude a prestar un servicio arbitral más eficaz.

     

  • Estrenamos salas, sede y horarios | 1 de Junio de 2015

    Desde febrero de 2015, la Corte se instaló en su nueva sede en pleno corazón de Madrid, sita en la calle de las Huertas, a pocos metros de la Plaza de Santa Ana y la Puerta del Sol.

    La Corte cuenta con dos sets de salas de audiencias (cada set se compone de una gran sala de audiencias, dos break-out rooms y una sala para el tribunal) que han sido completamente reformadas, incorporando los instrumentos tecnológicos más avanzados para el buen desarrollo de las vistas. Las salas también están disponibles para procedimientos arbitrales administrados por otras instituciones. Para más información sobre las salas de audiencias y la posibilidad de alquilarlas deben ponerse en contacto con la secretaría de la Corte a través de Dª. Marta Rubio en el teléfono +34 91 538 3581 o por correo electrónico en marta.rubio@camaramadrid.es.
    Junto con el cambio de ubicación de sede y la apertura de las nuevas salas de audiencias, la Corte estrena nuevos horarios, por lo que la Secretaría de la Corte estará disponible de lunes a jueves desde las 08:00 hasta las 19:00 hrs ininterrumpidamente y los viernes de 08:00 a 14:00. El cuerpo letrado de la Corte está disponible también fuera de esos horarios y durante los fines de semana a través del correo electrónico. Confiamos en que estos cambios se adapten aún más a las necesidades del mercado y redunden en un mejor servicio para los usuarios de la Corte.

     

  • ¡Bienvenidos! | 1 de Junio de 2015

    La Corte de Arbitraje de Madrid lanza su primer newsletter. Con esta publicación de carácter cuatrimestral pretendemos establecer un canal de comunicación con las personas y entidades interesadas en la práctica de actividad arbitral, tanto en el rol de abogados, árbitros, expertos o como usuarios directos del arbitraje, con un triple objetivo:

    ·         En primer lugar informar a los usuarios de las novedades que afecten a la Corte. En este número reflejamos la aprobación y contenido de las reglas para designar al árbitro de emergencia por el comité de designación.
     
    ·         En segundo lugar, ofrecer una plataforma para plantear ideas nuevas que puedan contribuir al desarrollo de la práctica arbitral. En este número, en nuestra sección Tribuna abierta, uno de nuestros árbitros más prestigiosos analiza la situación del arbitraje en España 25 años después de la Ley de 1988, con planteamientos que sin lugar a duda pueden suscitar un debate de interés, no se lo pierdan.
     
    ·         En tercer lugar, destacar novedades en la práctica arbitral tanto nacional como internacional que puedan ser de interés para nuestros usuarios.
    Esperamos con este newsletter contribuir al intercambio de información y conocimiento en el mundo de la práctica arbitral y facilitar de esta manera su conocimiento y utilización.
    Un cordial saludo,
    Antonio Sánchez-Pedreño
    Presidente

     

  • Firma de Convenio de Colaboración entre las Cortes de Arbitraje de Madrid y Toledo | 28 de Mayo de 2015

    Hoy ha tenido lugar en el Vivero de Empresas de Toledo la firma del primer Convenio de Colaboración institucional entre dos Cortes de Arbitraje, de Madrid y Toledo, con el objetivo de intercambiar experiencias, contribuir a la capacitación y formación de los árbitros, promover el desarrollo de métodos eficientes de resolución de disputas comerciales y asistir a las partes interesadas en la solución de conflictos comerciales.

    Con posterioridad a la firma, se ha celebrado un Seminario sobre lo que el empresario debe conocer del arbitraje en torno a seis preguntas clave: porqué el arbitraje (ventajas y desventajas); cuánto cuesta un arbitraje (en comparación con un procedimiento judicial); qué tipo de arbitraje me conviene; cómo me aseguro la imparcialidad de los árbitros; ¿hay recurso contra las decisiones de los árbitros?; ¿vale esto para mis operaciones con el extranjero?
     

    La finalidad del Convenio que hoy se ha firmado es homogeneizar el procedimiento arbitral y, en definitiva, incrementar las garantías procesales de las empresas en el procedimiento arbitral.

     

  • Firma convenio Perú | 26 de Mayo de 2015

    La Corte de Arbitraje de Madrid se consolida a nivel internacional con la firma de un Convenio de Colaboración con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

    Este Convenio es ejemplo de los estrechos vínculos que la Corte mantiene con Latinoamérica y de su relevancia en la resolución de conflictos comerciales iberoamericanos.
    El pasado 27 de abril tuvo lugar, durante la celebración del IX Congreso Latinoamericano de Arbitraje celebrado en Lima, la firma del “Convenio de colaboración” suscrito por el Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, Antonio Sánchez-Pedreño Kennaird y la Vicepresidenta del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Rosa Bueno de Lecari.
    El motivo de este Convenio es fomentar las relaciones bilaterales entre dichas instituciones mediante el impulso del arbitraje trasnacional, a través de programas de apoyo y cooperación en procedimientos arbitrales, formación de árbitros y abogados e intercambio de técnicas y experiencias, con el fin de asistir a las partes, de forma ágil e integral, en la resolución de conflictos internacionales.
    Cabe destacar que en Perú, como en otros países americanos, el arbitraje es una práctica arraigada que cuenta con la confianza de las empresas, pues consideran que la rapidez y la flexibilidad que le caracterizan hacen del arbitraje el medio más adecuado para la resolución de controversias comerciales internacionales.

     

  • Sentencia 25/2015, de 25 de marzo de 2015, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid | 2 de Mayo de 2015
     
    El TSJ de Madrid desestima la acción de nulidad de un laudo en la que el árbitro había actuado como mediador en la negociación que desembocó en el contrato que traía causa el procedimiento arbitral, por entender que había acuerdo expreso de las partes para que actuara como tal.
    Ante la acción de anulación del laudo planteada con base en la falta de imparcialidad del árbitro, motivada por la negativa de este a declarar como testigo, el TSJ argumenta que “El árbitro que previamente ha sido mediador, con el perfecto conocimiento y con designación expresa de las partes, difícilmente puede escindir su conocimiento privado de la formación de su convicción sobre hechos controvertidos en el ulterior arbitraje”. Por esa razón el art. 17.4 LA parte de la premisa de que quien haya sido mediador, no será árbitro, "salvo acuerdo expreso de las partes", que aquí existe.
    Continúa razonando que ningún indicio de parcialidad se sigue del hecho de que el árbitro se haya negado a declarar como testigo. En este sentido, el Alto Tribunal expone que el art. 7 de la Ley 5/2012, de Mediación, vigente en el momento de sustanciarse el arbitraje, que proclama el deber de confidencialidad del mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, y que no está obligado a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje, salvo cuando ambas partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad -extremo aquí no acaecido.
    Resulta contraproducente, contrario a la naturaleza propia del testigo que es tercero ajeno a los sujetos de la relación procesal -nemine discrepante-, que un árbitro o un juez intervengan como tales en la causa que están llamados a dirimir.
    En definitiva: esa categórica confianza en la imparcialidad del árbitro, pese a su conocimiento previo del asunto al haber actuado como mediador, expresamente manifestada y acorde con lo que la Ley autoriza, en absoluto puede pretenderse desvirtuada o puesta en entredicho, sin incurrir en temeridad, por el hecho de que el árbitro se niegue a testificar en la causa que ha de resolver.
    Sentencia disponible en:

    http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp# 

  • Sentencias 30/2015 de 14 de abril de 2015, 31/2015 de 14 de abril de 2015 y 45/2015 de 26 de mayo de 2015* de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid | 2 de Mayo de 2015
     
    Se estima, con el voto particular del Presidente de la Sala, la anulación de tres laudos que resolvían controversias derivadas de productos financieros por vulneración del orden público económico. Los laudos habían sido dictados en la Corte Española de Arbitraje y la Corte de Arbitraje de Madrid.
    En los tres casos, los laudos habían desestimado la nulidad de contratos de permuta financiera por error en el consentimiento.
    La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) establece que dentro del concepto de orden público susceptible de protección ex artículo 41.1 f) Ley de Arbitraje debe incluirse el orden público económico previsto en normas imperativas y principios básicos de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección, siendo la buena fe en la contratación uno de sus principios básicos. Como consecuencia de este deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe que todo cliente minorista en el marco de una operación de comercialización de productos financieros complejos debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación de que se trate. Por tanto, el TSJ establece unos deberes de información para las entidades financieras cuya vulneración supone una infracción del orden público económico.
    Las sentencias afirman que, pese a que como norma general en la acción de anulación no se permite reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral, se podrá examinar la racionalidad de la valoración probatoria cuando ésta suponga una infracción del orden público por lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido considera el TSJ que el hecho de que el árbitro yerre patentemente sobre los deberes de información de la entidad financiera por valorar ilógicamente y contra criterios legales inexcusables la capacidad de comprensión del producto del cliente y por equivocarse sobre la declarada, legal y jurisprudencialmente, naturaleza compleja del instrumento financiero comercializado supone que la motivación del laudo sea contraria al orden público por arbitraria.
    En la sentencia 30/2015 de 14 de abril de 2015, en la que se anuló un laudo de equidad, el TSJ resuelve que en materia de instrumentos financieros no cabe entender equitativa una decisión que no se acomode a las normas básicas de la buena fe contractual.
    Por otro lado, en la sentencia 45/2015 de 26 de mayo de 2015, el TSJ entra a comprobar de oficio, pues no es el motivo de anulación alegado por la demandante, si el laudo infringe el orden público. En este sentido, resuelve que el Tribunal no está limitado a decidir sólo sobre la base de los motivos alegados por las partes, sino también, según establece el artículo 41.2 LA, atendiendo a aquellos otros que hayan podido ser apreciados de oficio.
    En el voto particular emitido por el Presidente de la Sala en las tres sentencias se declara que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sólo una motivación arbitraria, ilógica o absurda vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, exigiéndose pues un error patente, manifiesto o, en otros casos, inmediatamente verificable. En virtud de lo anterior, el Presidente Viera considera que los laudos analizados contienen una valoración probatoria racional donde se explican los procesos lógicos en los que basan sus consideraciones y se menciona y aplica jurisprudencia sobre swaps. Prueba de ello es la extensa argumentación a la que tuvo que recurrir la Sala para desmontar los laudos impugnados. En definitiva, concluye que, aunque se discrepe de su contenido, los laudos analizados no pueden considerarse arbitrarios ni claramente erróneos, que serían los únicos motivos que permitirían su anulación.
     
     
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