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  • El nuevo Reglamento de la Corte | 1 de Junio de 2015

    El pasado día 1 de marzo de 2015 entró en vigor el nuevo Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid, aplicable a las solicitudes de arbitraje que se presenten a partir de esa fecha.

    Transcurridos 6 años desde la aprobación de la antigua normativa, la Corte de Arbitraje de Madrid ha considerado adecuado modificar su Reglamento con el fin, por un lado, de adaptarlo a las reformas introducidas por la Ley 11/2011 en la Ley Española de Arbitraje, y, por otro, con el propósito de introducir pequeñas mejoras o precisiones técnicas derivadas de la experiencia y práctica de la Corte, para ajustarlo a las necesidades de las partes y dotarlo de mayor agilidad y dinamismo.
    No se propone, pues, una reforma sustancial del Reglamento, pero si su actualización.
    El cambio más novedoso es, sin lugar a dudas, la previsión de un régimen de Árbitro de Emergencia (artículo 37 y Anexo II), en línea con la tendencia internacional más generalizada en la actualidad.
    La función principal del Árbitro de Emergencia es la de adoptar medidas cautelares o de anticipación o aseguramiento de prueba urgentes con anterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral. En línea con los principios de celeridad que gobiernan los arbitrajes administrados por la Corte, se prevé el nombramiento del Árbitro de Emergencia en el plazo de 48 horas desde que se recibe la Solicitud de Medidas Urgentes, y que el Árbitro de Emergencia resuelva la medida en un plazo de 7 días desde la fecha de remisión del expediente al Árbitro de Emergencia. Esto convierte al sistema de Árbitro de Emergencia de la Corte de Arbitraje de Madrid en uno de los más rápidos del mundo. Con el fin de agilizar aún más el procedimiento, contamos con un correo electrónico específico (arbitrodeemergencia@camaramadrid.es) al que puede dirigirse tanto la solicitud de Árbitro de Emergencia como cualquier duda relacionada con éste.
    En segundo lugar cabe destacar la introducción de una regulación específica en relación con el arbitraje estatutario (artículo 52), previendo ciertas especialidades respecto del procedimiento ordinario, que afectan particularmente a la designación de árbitros (a designar directamente por la Corte a salvo previsión de las partes en contrario); la intervención de terceros interesados en el arbitraje; y la acumulación de procedimientos arbitrales.
    El resto de las modificaciones son primordialmente matizaciones al régimen existente, mejorando o clarificando su redacción, destacándose la modificación de la regulación de prueba adicional después de los escritos de alegaciones principales (artículo 29), que ha sido redactada con carácter más restrictivo.
    También se flexibiliza en la elección de idioma y lugar del arbitraje, que en defecto de acuerdo de las partes será decidido por la Corte (artículos 17 y 18).
    A propósito del nombramiento de árbitros ser clarifica que la recusación no suspenderá el curso de las actuaciones, a no ser que los árbitros o la Corte lo consideren oportuno (artículo 15). Asimismo ypara el caso de pluralidad de partes (artículo 14) se introduce el nombramiento directo por la Corte de todos los árbitros no solo ante la falta propuesta conjunta de cualquiera de las partes, sino también cuando se aprecie conflicto de interés entre los miembros de una parte o no sea posible identificar a demandantes y demandados.
     En lo que atañe al laudo, se prevé además de la prórroga de oficio del plazo para dictar laudo de los árbitros, una prórroga extraordinaria a adoptar por la Corte en caso de que concurran circunstancias excepcionales (artículo 39).
    Finalmente se regula expresamente, en cuanto a la imposición de costas, que los árbitros pueden tener en cuenta el comportamiento de las partes durante el procedimiento conforme al artículo 20.5, esto es, la buena fe, la eficiencia y las dilaciones en las que se ha incurrido (artículo 40).
    La Corte de Arbitraje de Madrid quiere agradecer a todos los árbitros y abogados que han participado activamente en el proceso de consulta pública que se llevó a cabo previa a la aprobación del nuevo Reglamento sus valiosas aportaciones, que han sido cuidadosamente consideradas.
    Confiamos en que la nueva versión del Reglamento sea del agrado de todos y ayude a prestar un servicio arbitral más eficaz.

     

  • Estrenamos salas, sede y horarios | 1 de Junio de 2015

    Desde febrero de 2015, la Corte se instaló en su nueva sede en pleno corazón de Madrid, sita en la calle de las Huertas, a pocos metros de la Plaza de Santa Ana y la Puerta del Sol.

    La Corte cuenta con dos sets de salas de audiencias (cada set se compone de una gran sala de audiencias, dos break-out rooms y una sala para el tribunal) que han sido completamente reformadas, incorporando los instrumentos tecnológicos más avanzados para el buen desarrollo de las vistas. Las salas también están disponibles para procedimientos arbitrales administrados por otras instituciones. Para más información sobre las salas de audiencias y la posibilidad de alquilarlas deben ponerse en contacto con la secretaría de la Corte a través de Dª. Marta Rubio en el teléfono +34 91 538 3581 o por correo electrónico en marta.rubio@camaramadrid.es.
    Junto con el cambio de ubicación de sede y la apertura de las nuevas salas de audiencias, la Corte estrena nuevos horarios, por lo que la Secretaría de la Corte estará disponible de lunes a jueves desde las 08:00 hasta las 19:00 hrs ininterrumpidamente y los viernes de 08:00 a 14:00. El cuerpo letrado de la Corte está disponible también fuera de esos horarios y durante los fines de semana a través del correo electrónico. Confiamos en que estos cambios se adapten aún más a las necesidades del mercado y redunden en un mejor servicio para los usuarios de la Corte.

     

  • ¡Bienvenidos! | 1 de Junio de 2015

    La Corte de Arbitraje de Madrid lanza su primer newsletter. Con esta publicación de carácter cuatrimestral pretendemos establecer un canal de comunicación con las personas y entidades interesadas en la práctica de actividad arbitral, tanto en el rol de abogados, árbitros, expertos o como usuarios directos del arbitraje, con un triple objetivo:

    ·         En primer lugar informar a los usuarios de las novedades que afecten a la Corte. En este número reflejamos la aprobación y contenido de las reglas para designar al árbitro de emergencia por el comité de designación.
     
    ·         En segundo lugar, ofrecer una plataforma para plantear ideas nuevas que puedan contribuir al desarrollo de la práctica arbitral. En este número, en nuestra sección Tribuna abierta, uno de nuestros árbitros más prestigiosos analiza la situación del arbitraje en España 25 años después de la Ley de 1988, con planteamientos que sin lugar a duda pueden suscitar un debate de interés, no se lo pierdan.
     
    ·         En tercer lugar, destacar novedades en la práctica arbitral tanto nacional como internacional que puedan ser de interés para nuestros usuarios.
    Esperamos con este newsletter contribuir al intercambio de información y conocimiento en el mundo de la práctica arbitral y facilitar de esta manera su conocimiento y utilización.
    Un cordial saludo,
    Antonio Sánchez-Pedreño
    Presidente

     

  • Firma de Convenio de Colaboración entre las Cortes de Arbitraje de Madrid y Toledo | 28 de Mayo de 2015

    Hoy ha tenido lugar en el Vivero de Empresas de Toledo la firma del primer Convenio de Colaboración institucional entre dos Cortes de Arbitraje, de Madrid y Toledo, con el objetivo de intercambiar experiencias, contribuir a la capacitación y formación de los árbitros, promover el desarrollo de métodos eficientes de resolución de disputas comerciales y asistir a las partes interesadas en la solución de conflictos comerciales.

    Con posterioridad a la firma, se ha celebrado un Seminario sobre lo que el empresario debe conocer del arbitraje en torno a seis preguntas clave: porqué el arbitraje (ventajas y desventajas); cuánto cuesta un arbitraje (en comparación con un procedimiento judicial); qué tipo de arbitraje me conviene; cómo me aseguro la imparcialidad de los árbitros; ¿hay recurso contra las decisiones de los árbitros?; ¿vale esto para mis operaciones con el extranjero?
     

    La finalidad del Convenio que hoy se ha firmado es homogeneizar el procedimiento arbitral y, en definitiva, incrementar las garantías procesales de las empresas en el procedimiento arbitral.

     

  • Firma convenio Perú | 26 de Mayo de 2015

    La Corte de Arbitraje de Madrid se consolida a nivel internacional con la firma de un Convenio de Colaboración con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima

    Este Convenio es ejemplo de los estrechos vínculos que la Corte mantiene con Latinoamérica y de su relevancia en la resolución de conflictos comerciales iberoamericanos.
    El pasado 27 de abril tuvo lugar, durante la celebración del IX Congreso Latinoamericano de Arbitraje celebrado en Lima, la firma del “Convenio de colaboración” suscrito por el Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, Antonio Sánchez-Pedreño Kennaird y la Vicepresidenta del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Rosa Bueno de Lecari.
    El motivo de este Convenio es fomentar las relaciones bilaterales entre dichas instituciones mediante el impulso del arbitraje trasnacional, a través de programas de apoyo y cooperación en procedimientos arbitrales, formación de árbitros y abogados e intercambio de técnicas y experiencias, con el fin de asistir a las partes, de forma ágil e integral, en la resolución de conflictos internacionales.
    Cabe destacar que en Perú, como en otros países americanos, el arbitraje es una práctica arraigada que cuenta con la confianza de las empresas, pues consideran que la rapidez y la flexibilidad que le caracterizan hacen del arbitraje el medio más adecuado para la resolución de controversias comerciales internacionales.

     

  • Sentencia 25/2015, de 25 de marzo de 2015, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid | 2 de Mayo de 2015
     
    El TSJ de Madrid desestima la acción de nulidad de un laudo en la que el árbitro había actuado como mediador en la negociación que desembocó en el contrato que traía causa el procedimiento arbitral, por entender que había acuerdo expreso de las partes para que actuara como tal.
    Ante la acción de anulación del laudo planteada con base en la falta de imparcialidad del árbitro, motivada por la negativa de este a declarar como testigo, el TSJ argumenta que “El árbitro que previamente ha sido mediador, con el perfecto conocimiento y con designación expresa de las partes, difícilmente puede escindir su conocimiento privado de la formación de su convicción sobre hechos controvertidos en el ulterior arbitraje”. Por esa razón el art. 17.4 LA parte de la premisa de que quien haya sido mediador, no será árbitro, "salvo acuerdo expreso de las partes", que aquí existe.
    Continúa razonando que ningún indicio de parcialidad se sigue del hecho de que el árbitro se haya negado a declarar como testigo. En este sentido, el Alto Tribunal expone que el art. 7 de la Ley 5/2012, de Mediación, vigente en el momento de sustanciarse el arbitraje, que proclama el deber de confidencialidad del mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, y que no está obligado a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje, salvo cuando ambas partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad -extremo aquí no acaecido.
    Resulta contraproducente, contrario a la naturaleza propia del testigo que es tercero ajeno a los sujetos de la relación procesal -nemine discrepante-, que un árbitro o un juez intervengan como tales en la causa que están llamados a dirimir.
    En definitiva: esa categórica confianza en la imparcialidad del árbitro, pese a su conocimiento previo del asunto al haber actuado como mediador, expresamente manifestada y acorde con lo que la Ley autoriza, en absoluto puede pretenderse desvirtuada o puesta en entredicho, sin incurrir en temeridad, por el hecho de que el árbitro se niegue a testificar en la causa que ha de resolver.
    Sentencia disponible en:

    http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp# 

  • Sentencias 30/2015 de 14 de abril de 2015, 31/2015 de 14 de abril de 2015 y 45/2015 de 26 de mayo de 2015* de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid | 2 de Mayo de 2015
     
    Se estima, con el voto particular del Presidente de la Sala, la anulación de tres laudos que resolvían controversias derivadas de productos financieros por vulneración del orden público económico. Los laudos habían sido dictados en la Corte Española de Arbitraje y la Corte de Arbitraje de Madrid.
    En los tres casos, los laudos habían desestimado la nulidad de contratos de permuta financiera por error en el consentimiento.
    La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) establece que dentro del concepto de orden público susceptible de protección ex artículo 41.1 f) Ley de Arbitraje debe incluirse el orden público económico previsto en normas imperativas y principios básicos de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección, siendo la buena fe en la contratación uno de sus principios básicos. Como consecuencia de este deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe que todo cliente minorista en el marco de una operación de comercialización de productos financieros complejos debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación de que se trate. Por tanto, el TSJ establece unos deberes de información para las entidades financieras cuya vulneración supone una infracción del orden público económico.
    Las sentencias afirman que, pese a que como norma general en la acción de anulación no se permite reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral, se podrá examinar la racionalidad de la valoración probatoria cuando ésta suponga una infracción del orden público por lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido considera el TSJ que el hecho de que el árbitro yerre patentemente sobre los deberes de información de la entidad financiera por valorar ilógicamente y contra criterios legales inexcusables la capacidad de comprensión del producto del cliente y por equivocarse sobre la declarada, legal y jurisprudencialmente, naturaleza compleja del instrumento financiero comercializado supone que la motivación del laudo sea contraria al orden público por arbitraria.
    En la sentencia 30/2015 de 14 de abril de 2015, en la que se anuló un laudo de equidad, el TSJ resuelve que en materia de instrumentos financieros no cabe entender equitativa una decisión que no se acomode a las normas básicas de la buena fe contractual.
    Por otro lado, en la sentencia 45/2015 de 26 de mayo de 2015, el TSJ entra a comprobar de oficio, pues no es el motivo de anulación alegado por la demandante, si el laudo infringe el orden público. En este sentido, resuelve que el Tribunal no está limitado a decidir sólo sobre la base de los motivos alegados por las partes, sino también, según establece el artículo 41.2 LA, atendiendo a aquellos otros que hayan podido ser apreciados de oficio.
    En el voto particular emitido por el Presidente de la Sala en las tres sentencias se declara que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, sólo una motivación arbitraria, ilógica o absurda vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, exigiéndose pues un error patente, manifiesto o, en otros casos, inmediatamente verificable. En virtud de lo anterior, el Presidente Viera considera que los laudos analizados contienen una valoración probatoria racional donde se explican los procesos lógicos en los que basan sus consideraciones y se menciona y aplica jurisprudencia sobre swaps. Prueba de ello es la extensa argumentación a la que tuvo que recurrir la Sala para desmontar los laudos impugnados. En definitiva, concluye que, aunque se discrepe de su contenido, los laudos analizados no pueden considerarse arbitrarios ni claramente erróneos, que serían los únicos motivos que permitirían su anulación.
     
     
    Sentencias disponibles en:

     

     

  • Sentencia 14/2015 de 16 de febrero de 2015, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña | 1 de Mayo de 2015
     
     
    Se estima la demanda de exequátur de los laudos parcial y definitivo dictados por la Corte Internacional de Arbitraje de Londres.  
     
    En primer lugar el Tribunal resuelve que en virtud del artículo 8.6  LA debe entenderse que tiene la competencia para el reconocimiento de estos laudos el TSJ de la comunidad donde la parte frente a la que se solicita el reconocimiento tenga su domicilio, residencia habitual o simple residencia, entendida esta última como el lugar donde el demandado se encuentra establecido. Por otro lado declara que el orden público debe ser entendido como un concepto jurídico indeterminado que puede ser vulnerado tanto en sentido material como procesal. En sentido material la vulneración tiene lugar cuando se infringen los valores consagrados como fundamentales para la sociedad, porque los mismos se entienden como intangibles en un concreto contexto histórico, sociopolítico, económico y cultural. En cambio, desde el punto de vista procesal, se puede atentar contra el orden público cuando en el procedimiento arbitral no se han respetado los principios de contradicción, defensa e igualdad de oportunidades entre las partes litigantes. En este sentido exigir el reconocimiento por quien ya no es acreedor supondría una clara vulneración del orden público que, sin embargo, no se produce ya que no se ha acreditado la eventual cesión de los créditos a una tercera persona.
     
     
    Sentencia disponible en:

     

  • Sentencia 35/2015, de 24 de abril de 2015, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid | 1 de Mayo de 2015
     
    Se desestima la acción de anulación frente a un laudo dictado en el seno de la Corte de Arbitraje de Madrid en la que se alegaba (i) incongruencia extra petita; (ii) infracción del orden público por falta de motivación y parcialidad; y (iii) vulneración del orden público por arbitrariedad e inconsistencia.
    La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid desestima cada uno de los motivos alegados por la demandante de nulidad con base en los argumentos que se detallan a continuación.
    (i)                  Incongruencia extra petita del laudo por resolver cuestiones no sometidas a su decisión: La demandante considera que el laudo debería haberse limitado a determinar si, a tenor de las declaraciones y el fallo del laudo anterior dictado en otro procedimiento entre las mismas partes, era procedente la terminación unilateral del contrato. Citando al Tribunal Supremo, el TSJ establece que “la congruencia de una resolución debe determinarse en función de la correspondencia de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito con la decisión final adoptada”. A juicio del TSJ, el laudo es perfectamente congruente, pues resuelve que dado el incumplimiento de la demandante la resolución del contrato llevada a cabo por la demandada fue correcta. Por tanto, la sentencia mantiene que no puede apreciarse ninguna incongruencia en el laudo.
    (ii)                Vulneración del orden público por ausencia de motivación y parcialidad del árbitro: El TSJ aprecia una amplia motivación del laudo. Cuestión diferente, añade, es que discrepe sobre las razones esgrimidas en el laudo, pero recalca los límites de su revisión señalando que se trata de “cuestiones que evidentemente afectan al fondo de la cuestión debatida y en las que no puede entrar este Tribunal para determinar su mayor o menor acierto sin invadir competencias reservadas al árbitro”.
    (iii)               Vulneración del orden público por arbitrariedad e inconsistencia de algunos argumentos del laudo: A juicio del TSJ, la demandante pretende que la Sala analice si es correcto que el laudo se apoye en la literalidad del contrato y no tenga en cuenta su sentido y coherencia global y “no corresponde a esta Sala adentrarse en esas cuestiones de fondo debatidas en el procedimiento arbitral. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, mientras el recurso de apelación autoriza a un completo examen de las cuestiones litigiosas decididas en primera instancia, tanto en el aspecto fáctico como en el jurídico, la acción de anulación del laudo no permite el reexamen de las cuestiones de fondo debatidas en el procedimiento arbitral”. La Sala aclara, por tanto, que se trata de una cuestión de fondo en la cual no puede entrar.
    Sentencia disponible en:
     

     

  • Sentencia 7/2014 de 20 de enero de 2015, de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid | 1 de Mayo de 2015
     
     
    El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid desestima la acción de anulación de un laudo fundamentada en la falta de competencia del árbitro para resolver la demanda reconvencional ya que, según la demandante, las pretensiones formuladas no guardaban relación con el convenio arbitral. El TSJ considera que la interpretación extensiva del convenio arbitral está, en este caso, sólidamente sustentada.
    La sentencia resuelve que el árbitro desarrolló un entendimiento razonable, fundado y no indebidamente extensivo del ámbito de aplicación de la cláusula de sumisión a arbitraje. El árbitro había considerado que la relación jurídica amparada por el convenio arbitral es un arrendamiento de servicios, por lo que, están sometidas a arbitraje tanto las reclamaciones de los demandantes relativas al pago de las retribuciones por su trabajo, así como las reclamaciones formuladas por la demandada —en vía reconvencional— en virtud de los servicios prestados por uno de los demandantes.
     
    Sentencia disponible en:
     

     

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